La Ley 2540 de 2025 introduce el arbitraje como mecanismo alternativo para resolver procesos ejecutivos, con el fin de dar mayor celeridad y contribuir a la descongestión del sistema judicial. Este nuevo modelo permite que, cuando exista pacto arbitral, la ejecución de obligaciones se tramite ante árbitros y no ante los jueces ordinarios, garantizando al mismo tiempo el debido proceso y la protección de los derechos de los consumidores.

Un ejemplo de aplicación se observa en los créditos otorgados por entidades financieras. Si en el contrato de mutuo las partes pactan cláusula compromisoria, en caso de incumplimiento el acreedor podrá acudir al arbitraje ejecutivo. En este escenario, el tribunal arbitral asumirá el conocimiento del proceso, decretará medidas cautelares y emitirá el laudo con fuerza ejecutiva, reduciendo significativamente los tiempos frente a la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, la norma también prevé garantías específicas para los consumidores, como el derecho de retracto dentro de los sesenta días posteriores a la firma del contrato, así como la prohibición de que los bancos condicionen el otorgamiento de créditos a la aceptación del pacto arbitral. Estas medidas buscan equilibrar la autonomía de la voluntad con la necesidad de proteger a la parte más débil de la relación contractual.

Otro aspecto relevante son las medidas cautelares, que pueden decretarse incluso antes de la instalación del tribunal arbitral. Esto permite, por ejemplo, que se embarguen bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación mientras avanza el proceso. La ley establece que estas medidas deben tramitarse de manera ágil, con términos cortos y bajo supervisión de un árbitro designado, lo que fortalece la efectividad del arbitraje frente a la mora judicial tradicional

Finalmente, como novedad, la ley contempla el arbitraje social de ejecución para controversias que versen sobre obligaciones de mínima cuantía. En este modelo, las partes no necesitan abogados y los trámites pueden ser adelantados por un único árbitro. Incluso se prevé la participación de estudiantes de consultorios jurídicos de universidades acreditadas en alta calidad, lo que facilita el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables y fortalece la formación práctica en derecho.